| La UE define la repatriación de los inmigrantes irregulares |
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Los países de la Unión Europea (UE) aplazaron hasta hoy su decisión sobre la normativa relativa a la repatriación de inmigrantes ilegales, para discutir nuevos cambios que puedan ser aceptados por el Parlamento Europeo (PE).
Los embajadores ante la UE de los Veintisiete países miembros debatirán una nueva propuesta de la Presidencia eslovena sobre cómo limitar la asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes indocumentados, según indicaron fuentes comunitarias.
Este último cambio se ha hecho necesario, según las fuentes, porque la Eurocámara mostró su descontento por una modificación que endurece las normas de asistencia jurídica, y que fue incluida por la Presidencia para contentar a varios países, especialmente a Alemania, preocupados por los costos económicos.
Después de haber señalado simplemente que la asistencia jurídica gratuita puede ser recibida por los indocumentados de acuerdo con las normas de cada país de la UE, la Presidencia propone ahora que esa asistencia se haga siguiendo las líneas de una directiva del 2005 sobre estándares mínimos para otorgar el estatus de refugiado. El texto incluye el derecho a la consulta legal gratuita pero no para apelaciones o revisiones de casos, y también se indica que los países comunitarios pueden fijar límites de tiempo o de costes para esa ayuda.
El Consejo de la UE está apurando los esfuerzos para lograr un acuerdo con el PE a fin de que no haya un rechazo del texto en la Eurocámara, que tiene poder de codecisión y en cuyo seno hay un importante movimiento en contra de algunas disposiciones.
El Pleno del Parlamento tiene previsto tratar este proyecto de directiva a comienzos de junio, justo antes del Consejo de Ministros de Justicia e Interior comunitarios del 5 y 6 de junio.
Con excepción de esa cuestión, el resto del texto con las modificaciones introducidas por la presidencia eslovena ha logrado un consenso general.
El proyecto de directiva intenta lograr una armonización mínima de los estándares de retención y retorno de inmigrantes irregulares, una cuestión en la que hay diferencias muy grandes entre los diferentes países comunitarios.
El texto establece, en su versión actual, un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales, para los ‘sin papeles’.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) y Amnistía Internacional (AI) han manifestado su oposición a la propuesta de directiva y han solicitado que el Pleno de la Eurocámara rechace el compromiso.
Por otra parte, el PE dio ayer el visto bueno definitivo a la directiva que obliga a todos los países de la UE a castigar con sanciones penales determinados delitos contra el medioambiente.
Italia se va contra los ‘sin papeles’
El gobierno italiano del magnate de los medios Silvio Berlusconi adoptó ayer un paquete de medidas de seguridad que fijan una línea dura contra la inmigración ilegal, tal como lo había prometido durante la campaña electoral, lo que ha alimentado una ola de xenofobia en toda la península.
Entre las medidas inmediatas aprobadas en el Consejo de Ministros realizado en la ciudad sureña de Nápoles figuran la aceleración de las expulsiones de los indocumentados y la “confiscación de los apartamentos y residencias alquiladas a inmigrantes indocumentados”, precisó el ministro del Interior, Roberto Maroni, uno de los autores de las medidas.
Maroni, exponente de la xenófoba Liga Norte, precisó que se limitará la entrada de familiares del inmigrante legal al nivel de hijos y padres, quienes serán sometidos a pruebas de ADN, lo que ha suscitado la indignación de ONG y organizaciones católicas.
Además, Berlusconi adoptó una serie de medidas para salvar a Nápoles del drama de la basura que caotiza la ciudad.
Bruselas. EFE y ANSA
Fuente: El Comercio
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viernes, 23 de mayo de 2008 a las 10:35
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